¿Militares en tareas Policiales?

 


¿Militares en tareas policiales? Un retroceso peligroso para la democracia El reciente anuncio del gobierno argentino de autorizar a las Fuerzas Armadas a detener civiles en casos de flagrancia ha encendido las alarmas. El ministro de Defensa, Luis Petri, sostiene que la normativa vigente ya permite esta colaboración en el control fronterizo, y que la detención en flagrancia está prevista en los códigos procesales. Sin embargo, expertos en derecho y el exministro Agustín Rossi recuerdan que las leyes de Defensa Nacional (23.554) y de Seguridad Interior (24.059) prohíben expresamente que los militares intervengan en asuntos de seguridad interna. Esta función está reservada a fuerzas policiales y de seguridad, no a tropas entrenadas para el combate. La medida fue implementada por una resolución ministerial —no por ley— desoyendo al Congreso, que ya había rechazado reformas similares. Esto no solo crea un preocupante vacío legal, sino que también expone a los militares a posibles causas judiciales por detenciones ilegítimas. Los riesgos de una medida regresiva: Militarización de la seguridad interior: América Latina ya vivió las consecuencias de usar a las Fuerzas Armadas en tareas civiles: violaciones a los derechos humanos, represión y pérdida de garantías. Argentina aprendió esa lección tras la dictadura, y limitó el rol militar en tiempos de paz precisamente para evitar estos abusos. Desprotección legal de los propios militares: Si un efectivo detiene a un civil y luego la justicia declara esa acción inconstitucional, ¿quién asume la responsabilidad? Como advirtió Rossi, Petri no solo fuerza el marco legal, sino que pone a las propias tropas en riesgo. Un giro represivo disfrazado de necesidad: Esta resolución se inscribe en una política más amplia, encabezada por la ministra Bullrich, que promueve protocolos anti-protestas, persecución a movimientos sociales y criminalización de la pobreza. El objetivo parece más político que operativo. Falta de preparación y control: Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para interactuar con la ciudadanía. Su lógica es vertical, orientada al combate, no al respeto de garantías procesales. Si cometen excesos, ¿quién los juzgará? ¿Qué marco regulatorio los contiene? ¿Por qué preocupa tanto esta decisión? Porque no solo vulnera leyes nacionales e ignora tratados internacionales, sino que además sienta un precedente peligrosísimo: si hoy son “narcos”, mañana podrían ser manifestantes, periodistas, docentes o vecinos movilizados. Es el primer paso hacia una “mano dura” sin controles, al estilo Bukele o Trump. Además, lejos de resolver los problemas de fondo —como el narcotráfico, la pobreza o la falta de empleo—, esta medida los encubre. Se usa al Ejército para distraer del ajuste, del hambre, del saqueo económico. Se busca un enemigo externo para justificar la represión interna. ¿Qué hacer? Respetar la ley: Las Fuerzas Armadas no son policías. No deben intervenir en tareas de seguridad interior. Reforzar a las fuerzas que sí corresponden: Gendarmería, Prefectura o Policía Federal pueden actuar en fronteras, con formación en derechos humanos y control judicial. Documentar y denunciar: Si se avanza en la militarización, es imprescindible visibilizar y registrar cada abuso. Unir las luchas sociales: No es solo una cuestión de derechos humanos. Es parte del mismo plan que recorta salud, educación y destruye el salario. La democracia no se defiende con balas El gobierno presenta esta medida como "eficaz" o "necesaria", pero en realidad es autoritaria e inconstitucional. Detrás del relato de la seguridad hay un modelo de país: uno donde las fuerzas armadas se usan para contener pobres y proteger privilegios. La democracia no se construye desde la represión, sino desde la inclusión, la justicia social y la memoria.


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