Retenciones, poder y desigualdad: lo que no se dice cuando se habla del campo

 

Cada vez que se discute la baja de retenciones en la Argentina, el debate se presenta como una cuestión técnica: incentivar exportaciones, mejorar la competitividad, atraer dólares. Pero detrás de ese lenguaje neutro se esconde una discusión mucho más profunda, que rara vez se aborda: quién se apropia de la renta agraria, cómo se distribuye la riqueza y qué modelo de país se consolida con cada decisión. La reciente reducción de retenciones anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, 2 puntos para la soja y derivados, 1 punto para el maíz y el trigo, vuelve a instalar esa discusión. Se la presenta como una medida “necesaria” para estimular la liquidación de divisas en un contexto de escasez, pero no se discute el costo estructural que implica ni a quién beneficia realmente. Porque las retenciones no son un impuesto más. En un país con una estructura productiva profundamente desigual, funcionan como una herramienta de redistribución indirecta. El agro argentino, altamente concentrado y tecnificado, obtiene rentas extraordinarias no solo por eficiencia, sino por condiciones naturales, la tierra fértil, y por ventajas cambiarias. Gravar una porción de esa renta no es castigar al productor: es reconocer que existe una ganancia extraordinaria que puede y debe cumplir una función social. El problema es que la estructura agraria argentina está lejos de ser equitativa. La tierra sigue concentrada en pocas manos, los grandes grupos exportadores controlan la logística, los puertos y la comercialización, y los pequeños y medianos productores quedan atrapados entre costos crecientes y precios que no se fijan. Cuando se reducen las retenciones sin una política diferenciada, no se beneficia al chacarero: se fortalece al gran exportador y al complejo agroexportador concentrado. Además, la discusión suele omitir un punto clave: el rol del Estado en la captura y redistribución de la renta extraordinaria. En un país con déficit estructural de dólares, alta pobreza y enormes desigualdades territoriales, renunciar a recursos fiscales sin una estrategia de desarrollo integral no es neutral. Es una decisión política que favorece a quienes ya están en mejores condiciones. La justificación habitual, “hay que generar dólares”, tampoco resiste un análisis profundo. Las liquidaciones del complejo sojero no dependen solo de las retenciones, sino del precio internacional, de la especulación con el tipo de cambio y de las expectativas financieras. De hecho, la experiencia reciente muestra que incluso con rebajas impositivas, los dólares no ingresan automáticamente, porque los grandes actores esperan siempre mejores condiciones. En este contexto, la baja de retenciones aparece menos como una política productiva y más como una respuesta coyuntural para sostener reservas, pagar compromisos externos y ganar tiempo. Una medida que no modifica la estructura de fondo: concentración de la tierra, primarización de la economía y dependencia de pocos actores privados para el ingreso de divisas. El debate de fondo, entonces, no es técnico sino político. ¿Queremos un país que dependa de la buena voluntad de los exportadores o uno que planifique estratégicamente su desarrollo? ¿Queremos seguir subsidiando con recursos públicos a sectores altamente concentrados mientras se ajusta sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales? Las retenciones, bien diseñadas, no son un castigo al campo. Son una herramienta de equidad en una economía profundamente desigual. El problema no es discutirlas, sino hacerlo sin tocar los intereses que concentran tierra, renta y poder. Mientras ese debate siga ausente, seguiremos discutiendo porcentajes sin discutir el modelo. Y sin discutir el modelo, el resultado será siempre el mismo: más concentración, más desigualdad y menos soberanía económica.

Withholdings, Power and Inequality: What Is Not Being Said

Every time export taxes are discussed in Argentina, the debate is framed as a technical matter: encouraging exports, improving competitiveness, attracting dollars. But behind that neutral language lies a much deeper issue—one that is rarely addressed: who appropriates agricultural rent, how wealth is distributed, and what kind of country is being built through these decisions.

The recent reduction in export taxes announced by Economy Minister Luis Caputo —2 percentage points for soybeans and derivatives, 1 point for corn and wheat— once again brings this debate to the surface. It is presented as a necessary measure to stimulate foreign currency inflows, but the structural cost of this decision is barely discussed.

Export taxes are not just another tax. In a country marked by deep structural inequality, they function as a tool for redistribution. Argentine agriculture generates extraordinary rents, not only due to productivity, but because of natural advantages such as fertile land and favorable geography. Taxing part of that rent is not a punishment — it is a way to return a portion of that wealth to society.

However, Argentina’s agrarian structure is highly concentrated. Land ownership, export logistics, and commercialization are dominated by a small number of large actors. When export taxes are reduced without differentiation, the main beneficiaries are not small or medium producers, but large agribusiness groups and export corporations.

The argument that lower taxes will automatically bring in dollars is also misleading. Export liquidations depend not only on tax rates but on international prices, expectations of devaluation, and financial speculation. Recent history shows that even with tax cuts, dollars do not necessarily enter the economy when exporters choose to wait for better conditions.

What is often hidden behind this debate is a deeper political decision: whether the state should play an active role in redistributing wealth or surrender that role in favor of concentrated economic power. Reducing export taxes without a comprehensive development strategy means reinforcing an extractive model based on primary exports, land concentration, and social inequality.

The real discussion is not technical but political. It is about deciding whether Argentina will continue to depend on the goodwill of a few powerful actors or whether it will build a model that prioritizes social equity, productive diversification, and economic sovereignty.

Without addressing land concentration and the unequal distribution of wealth, any discussion about growth remains incomplete. And without that debate, inequality will continue to deepen—no matter how many times the word “freedom” is invoked.