Argentina no puede votar a favor de la tortura

 

Que la Argentina haya acompañado en la ONU una medida impulsada por Estados Unidos que relativiza, habilita o justifica prácticas asociadas a la tortura no es un hecho menor ni un simple “gesto diplomático”. Es una grave contradicción histórica, jurídica y moral. Nuestro país construyó una parte central de su identidad democrática sobre un consenso básico e irrenunciable: Nunca Más. Nunca más a la detención ilegal, nunca más al castigo sin juicio previo, nunca más a la tortura como herramienta del poder. Ese consenso no es retórico: está escrito con sangre en nuestra historia reciente. Durante la última dictadura cívico-militar, el Estado argentino secuestró, torturó, violó, asesinó y desapareció personas de manera sistemática. Se torturó con electricidad, con hambre, con violaciones sexuales, con simulacros de fusilamiento, con la desaparición de hijos, con el robo de bebés. Todo eso ocurrió sin juicio, sin defensa, sin ley. Justamente por eso, al recuperar la democracia, la Argentina decidió juzgar a los responsables y asumir ante el mundo un compromiso claro con los derechos humanos. Ese compromiso no es solo político: es constitucional.  El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales que prohíben de manera absoluta la tortura, entre ellos la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. No hay excepciones, no hay contextos, no hay emergencias que la habiliten. La prohibición es absoluta.Votar en la ONU a favor de una medida que avala, directa o indirectamente, prácticas de tortura, aunque se las disfrace de “interrogatorios reforzados”, “seguridad nacional” o “lucha contra el terrorismo”,  viola ese espíritu constitucional y traiciona la memoria colectiva del pueblo argentino. Más grave aún: ese voto no es ingenuo ni neutral. Acompañar una iniciativa promovida por Estados Unidos, un país con antecedentes probados de centros de detención clandestinos, torturas en Guantánamo, Abu Ghraib y cárceles secretas, implica legitimar una lógica imperial que coloca la fuerza por encima del derecho. Argentina no puede, no debe, no tiene derecho a correrse del lugar que supo construir con enorme dolor y esfuerzo: el de país que aprendió, a un costo altísimo, que el Estado nunca puede convertirse en verdugo. No se trata de ideología. Se trata de legalidad, de memoria y de ética pública. No se trata de alineamientos geopolíticos. Se trata de saber de qué lado de la historia queremos estar. Un país que fue ejemplo mundial en juicios por crímenes de lesa humanidad no puede votar a favor de la tortura sin degradarse a sí mismo. Porque cuando el Estado justifica la tortura, deja de ser garante de derechos y se convierte en amenaza. La Argentina no puede olvidar lo que le pasó.  Porque lo que se tolera afuera, tarde o temprano, vuelve adentro. Y porque el “Nunca Más” no se negocia, no se relativiza y no se vota en contra.