Democracia, Constitución y bien común frente al poder del dinero

 

Uno de los problemas más profundos que atraviesa hoy la democracia no es solo institucional, sino cultural y moral. El capitalismo contemporáneo ha logrado algo más grave que condicionar políticas públicas: ha colonizado el sentido de la vida, instalando el materialismo y el dinero como valores centrales de la escala social. El “Dios dinero” dejó de ser una metáfora para convertirse en un criterio efectivo de decisión, incluso allí donde debería primar el mandato popular, la ética pública y el bien común. La Constitución Nacional no concibe al poder como un fin en sí mismo, sino como un instrumento al servicio del bien común. El artículo 1 consagra la forma republicana de gobierno, que se sustenta en la división de poderes, la responsabilidad de los funcionarios y la publicidad de los actos de gobierno. La república exige límites, controles y, sobre todo, subordinación del interés privado al interés general. Allí donde el dinero reemplaza al derecho, la república se vacía de contenido. A este escenario se suma una variable decisiva de nuestro tiempo: el poder de las grandes corporaciones tecnológicas. Los dueños de las principales compañías de software y plataformas digitales concentran y administran volúmenes inéditos de información personal. Esa información, utilizada con fines comerciales y políticos, permite segmentar, influir e incluso inducir el comportamiento electoral de la población. La propaganda política deja de apelar a la deliberación racional y se convierte en manipulación emocional dirigida, muchas veces en contra de los propios intereses de los ciudadanos. Este fenómeno plantea un desafío constitucional de primer orden. La democracia no puede reducirse a un acto electoral condicionado por algoritmos opacos. El derecho a la información, la libertad de pensamiento y la autonomía del voto son condiciones esenciales del sistema democrático, y el Estado tiene la obligación positiva de protegerlas frente a poderes privados que no rinden cuentas y que no responden al interés público. Otro factor determinante es la creciente concentración de la riqueza. En los últimos años, los grandes fondos de inversión y los mega millonarios han multiplicado sus fortunas, al tiempo que amplían su capacidad de influencia sobre gobiernos y decisiones estratégicas. Este poder económico tiende a financiar y sostener proyectos políticos que no cuestionen sus privilegios, o que al menos garanticen un marco de impunidad regulatoria. Cuando la política se vuelve dependiente de estos intereses, la igualdad ante la ley se transforma en una ficción. La Constitución es clara al respecto. El artículo 29 prohíbe cualquier forma de supremacía que coloque la vida, el honor o las fortunas de los argentinos a merced de una persona o grupo. El artículo 33 reconoce derechos no enumerados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Y el artículo 36 reafirma que ningún acto de fuerza, ni siquiera económico, puede legitimar la ruptura del orden constitucional. Defender los valores republicanos hoy implica defender la democracia frente al dinero, la vida frente al mercado, la libertad frente a la manipulación y el bien común frente a la concentración del poder. Implica recordar que el Estado de Derecho existe para garantizar derechos, no para administrar negocios; para proteger a mayorías y minorías, no para servir a élites económicas; para asegurar que la política vuelva a ser un espacio de responsabilidad, límites y promesas cumplidas. En última instancia, respetar la Constitución es un acto de buena fe colectiva. Es afirmar que la vida vale más que la ganancia, que la libertad no se negocia, y que la democracia sólo sobrevive cuando el poder se somete al derecho y no al revés.