El oro, el silencio y la responsabilidad del Estado

Trascendió públicamente la información sobre el traslado de reservas de oro del Banco Central argentino al exterior, particularmente a entidades financieras en el Reino Unido. Más allá de las versiones oficiales y de las explicaciones fragmentarias, el episodio abre una pregunta que no puede ser ignorada en una república: ¿quién autorizó esa operación, bajo qué fundamentos legales y con qué controles? No se trata de una discusión ideológica ni partidaria. Se trata de derecho público, de administración de bienes del Estado y de responsabilidad institucional. El oro que integra las reservas del Banco Central no es propiedad de un gobierno de turno. Es patrimonio público. Pertenece al conjunto del pueblo argentino y está protegido por principios elementales del derecho administrativo y financiero: legalidad, publicidad, control y rendición de cuentas. En ese marco, cualquier decisión que implique el traslado, la custodia o el uso de activos estratégicos del Estado debe cumplir requisitos claros: acto administrativo fundado, competencia legal expresa, control parlamentario, publicidad suficiente,resguardo del interés público. Cuando estas condiciones no se comunican de manera clara, el problema no es político: es institucional. El artículo 75 de la Constitución Nacional otorga al Congreso facultades indelegables sobre la deuda, el crédito público y el manejo de los recursos del Estado. A su vez, la Ley de Administración Financiera establece que toda operación que comprometa activos estratégicos debe estar debidamente registrada, auditada y justificada. No se trata de una formalidad burocrática, sino de una garantía democrática. Por eso, el silencio oficial, la falta de información precisa y la ausencia de controles visibles generan una alarma legítima. No porque se presuma un delito, sino porque la opacidad es incompatible con la legalidad republicana. El problema se agrava cuando el debate público se reemplaza por descalificaciones, ataques o slogans. En lugar de explicar, se desacredita. En lugar de rendir cuentas, se acusa de “operar” o “politizar”. Pero en una democracia madura, preguntar no es conspirar: es ejercer ciudadanía. El manejo de las reservas no es una cuestión técnica aislada, es una decisión política de enorme impacto económico y simbólico. Implica soberanía, confianza institucional y responsabilidad intergeneracional. Por eso, minimizar el tema o tratarlo como una cuestión menor es, como mínimo, irresponsable. La Argentina no necesita más secretos financieros ni actos administrativos opacos. Necesita transparencia, información clara y funcionarios que comprendan que los bienes del Estado no son propiedad privada ni margen de discrecionalidad personal. Exigir explicaciones no es atacar al gobierno: es defender la legalidad. Pedir controles no es desestabilizar: es fortalecer la República. Y recordar que el patrimonio público pertenece a todos es, simplemente, ejercer ciudadanía.