Ley de Miedo
La ley de medios fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que remplazo la ley que había establecido la dictadura militar. La Corte fijó para el 7 de diciembre de 2012 el plazo límite para el vencimiento de las medidas cautelares, aduciendo que estas son resoluciones jurisdiccionales precarias y no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica. Ordenando así que se aplique el artículo 161 de la ley, que obliga a la desinversión en el caso de multiplicidad de licencias, con lo que quedan obligados tanto el Grupo Clarín como los demás grupos de medios que excedan la cantidad de licencias permitidas, a deshacerse de sus activos excedentes en el plazo de un año. Vencido el plazo, serán aplicables las medidas que al incumplimiento correspondiesen. De las aproximadamente 300 licencias que posee el Grupo Clarín, podrá mantener un máximo de 24, debiendo deshacerse de las demás. Con esto, el tribunal resolvió poner un límite a la prolongación excesiva de las medidas cautelares para evitar que se conviertan en sentencias anticipadas y que deriven en una «denegación de justicia», instando al juez de primera instancia a dictar fallo definitivo sobre la cuestión de fondo, esto es, sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios. No obstante esta decisión de la Corte Suprema, el 6 de diciembre de 2012, a un día de la fecha fijada por la Corte Suprema para el vencimiento de la cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín, los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, extendieron la medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa. Con Monopolios tan grandes no puede haber verdadera democracia, si un grupo económico puede atrasar la aplicación de una ley promulgada en el congreso con chicanas procesales, quiere decir que puede manejar los tiempos del gobierno. Si un grupo económico marca la agenda, el pueblo queda relegado y la justicia, imparcial, queda subordinada a los intereses de las corporaciones, y hoy en día los gobiernos se pasan lustrando las botas de los pools empresariales. Cuál es el interés de fondo tanto del gobierno como del grupo Clarín; el poder; la capacidad de sugestión. Ahora bien, le corresponde al pueblo decidir a quién apoyar en esta pelea, pero tiene que saber, que a un gobierno se lo saca con el voto, pero a un grupo económico no. Es preferible una ley que desmonopolice la información, que lo contrario. La constitución es la hija de la libertad de expresión, y con tantas licencias de medios de comunicación en pocas manos, a simple vista no puede haber objetividad, peligra la libertad de expresión como de la constitución.
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