La 125: cuando discutir las retenciones era discutir qué hacer con la riqueza

 

Cada tanto vuelve la discusión sobre las retenciones al campo. Y con ella vuelve una vieja pregunta: ¿por qué el Estado debería cobrarle un impuesto a quienes producen y exportan granos?

La respuesta no es tan complicada como muchas veces se pretende.

En la Argentina, una parte enorme de la riqueza proviene de la tierra y de la producción agropecuaria. Pero esa riqueza no se distribuye de manera pareja. Hay grandes propietarios de tierras, sociedades agropecuarias, pools de siembra, empresas comercializadoras, semilleras, compañías de agroquímicos y grandes exportadoras. Es decir, detrás de la palabra “campo” hay realidades económicas muy diferentes.

Por eso, cuando hablamos de retenciones, no estamos hablando simplemente de sacarle dinero al pequeño productor que trabaja su propia tierra. Estamos hablando también de qué hace una sociedad con una renta extraordinaria que se genera a partir de sus recursos naturales y de un mercado profundamente concentrado.

Eso fue, en buena medida, lo que estuvo detrás de la famosa Resolución 125 de 2008.

La medida impulsada por el entonces ministro de Economía Martín Lousteau establecía un sistema de retenciones móviles. En el caso de la soja, para determinados niveles de exportación, la alícuota podía subir del 44 al 48,7 por ciento. El objetivo declarado incluía la creación de un Fondo de Redistribución Social Solidario.

La reacción fue inmediata. Las principales patronales agropecuarias organizaron un lockout y cortes de rutas, y el conflicto terminó llegando al Congreso. Finalmente, en julio de 2008, el Senado rechazó la iniciativa después del célebre voto de Julio Cobos: “Mi voto es no positivo”. La Resolución 125 quedó derogada el 18 de julio.

Pero más allá de aquella pelea política, hay algo que muchas veces se pierde en la discusión: las retenciones son, en esencia, una herramienta para que una parte de esa renta extraordinaria no quede exclusivamente en manos de quienes tienen mayor capacidad para apropiársela.

Y esto es importante porque no toda la riqueza que genera el campo es producto exclusivamente del esfuerzo individual de un productor.

La Argentina tiene una enorme ventaja natural para producir alimentos. Tiene tierra fértil, agua, infraestructura productiva y condiciones climáticas favorables. Cuando los precios internacionales de la soja, el maíz o el trigo se disparan, los ingresos de quienes exportan también pueden aumentar enormemente.

Entonces aparece una pregunta perfectamente legítima: ¿esa ganancia extraordinaria debe quedar íntegramente en manos privadas o una parte puede regresar a la sociedad?

Las retenciones responden, al menos en parte, a la segunda posibilidad.

Y eso no significa necesariamente estar “en contra del campo”. Significa discutir cómo se distribuye la riqueza.

Porque además hay que dejar de hablar del “campo” como si fuera una sola persona. No es lo mismo un pequeño productor que una gran empresa agropecuaria. No es lo mismo quien trabaja una pequeña parcela que una sociedad que administra miles de hectáreas. Tampoco es lo mismo un productor que una gran exportadora de granos.

El propio conflicto de 2008 mostró justamente esa diversidad de intereses. El material señala cómo pequeños y medianos productores, grandes propietarios, pools de siembra y distintos sectores vinculados a la producción terminaron formando un bloque común frente a las retenciones móviles, aunque sus posiciones económicas no fueran idénticas.

Por eso la discusión no debería reducirse a “campo contra gobierno”.

La discusión de fondo es otra:

¿Quién se queda con la riqueza que genera el campo argentino?

Porque una cosa es producir riqueza y otra muy distinta es apropiarse de ella.

Durante décadas, una parte de la renta agraria fue apropiada por los propietarios de la tierra, las grandes empresas agropecuarias, las comercializadoras, las industrias vinculadas al complejo agroexportador y otros actores de una cadena altamente concentrada. El material describe justamente ese entramado de intereses alrededor de lo que denomina “agropower”.

Entonces, cuando el Estado cobra retenciones y utiliza esos recursos para financiar infraestructura, educación, salud, jubilaciones, subsidios, viviendas o políticas sociales, no está necesariamente “quitándole al campo para darle a otro”.

Está tomando una parte de una renta generada dentro de la economía nacional y decidiendo socialmente qué hacer con ella.

Ese es el punto que suele desaparecer detrás de las consignas.

Porque si la riqueza extraordinaria queda concentrada, también se concentra el poder. En cambio, si una parte de esa riqueza vuelve a circular por la sociedad, puede transformarse en hospitales, escuelas, caminos, universidades, obras públicas o políticas que mejoren las condiciones de vida de millones de personas.

La pregunta, entonces, no debería ser solamente cuánto paga el campo.

Deberíamos preguntarnos cuánto de la riqueza que produce la Argentina vuelve a los argentinos.

La discusión sobre la Resolución 125 tuvo errores, contradicciones y también una enorme disputa política. Incluso el material señala que el conflicto terminó siendo una disputa entre diferentes sectores del capital por una porción de la renta agraria.

Pero eso no invalida la cuestión de fondo.

Al contrario.

La vuelve todavía más necesaria.

Porque detrás de una palabra aparentemente sencilla como “retenciones” hay una discusión mucho más profunda: qué modelo de país queremos y quién tiene derecho a apropiarse de la riqueza que genera nuestra tierra.

Y esa discusión, varios años después de la 125, sigue completamente vigente.