Cuando la riqueza se convierte en poder, la democracia entra en peligro

La concentración extrema de la riqueza ya no puede ser considerada solamente un problema económico o una cuestión de justicia distributiva. Cuando el dinero adquiere una capacidad desproporcionada para comprar influencia, modificar las reglas y escapar de las mismas obligaciones que pesan sobre el resto de la sociedad, lo que está en juego es algo mucho más profundo: la supervivencia del Estado de derecho y de la propia República.

Hay una pregunta que las democracias contemporáneas ya no pueden seguir postergando: ¿cuánta desigualdad puede soportar una república antes de que la concentración económica termine convirtiéndose en concentración política?

La cuestión no es menor. Una democracia puede proclamar solemnemente que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero esa igualdad pierde contenido cuando una pequeña minoría dispone de recursos económicos suficientes para ejercer una influencia sobre las instituciones, los medios de comunicación, los mercados y las decisiones políticas que está fuera del alcance del ciudadano común.

El problema no es que existan personas ricas. El problema comienza cuando la riqueza deja de ser simplemente riqueza y se transforma en poder sin contrapesos.

La riqueza que se concentra también concentra poder

Los datos utilizados por Oxfam en su informe Survival of the Richest muestran la dimensión extraordinaria que ha alcanzado este fenómeno. Según el informe, durante los primeros años posteriores al inicio de la pandemia, el 1% más rico capturó aproximadamente dos tercios de la nueva riqueza generada en el mundo.

No se trata solamente de una diferencia entre quienes tienen más y quienes tienen menos. La cuestión política aparece cuando esa desigualdad económica alcanza una magnitud tal que comienza a producir desigualdad en la capacidad de participar en la vida pública.

Porque el dinero no compra únicamente bienes.

Puede comprar tiempo, abogados, asesores, acceso, influencia, capacidad de lobby, medios de comunicación, estructuras empresariales y posibilidades de intervenir en el debate público. Y cuando esas herramientas se concentran extraordinariamente en pocas manos, la igualdad formal ante la ley puede comenzar a coexistir con una desigualdad material de poder.

El economista Joseph Stiglitz ha insistido precisamente sobre este punto. Su argumento central no es que la desigualdad extrema sea simplemente moralmente desagradable, sino que determinadas estructuras económicas permiten que quienes acumulan grandes fortunas tengan también la capacidad de influir sobre las reglas que determinan cómo se distribuye la riqueza.

Es un círculo que puede volverse perverso:

riqueza → influencia → reglas favorables → mayor riqueza → mayor influencia.

Cuando ese mecanismo se consolida, la democracia deja de ser plenamente capaz de corregir las desigualdades que ella misma debería estar en condiciones de administrar.

No es una ley de la naturaleza

Existe una idea particularmente peligrosa: que la concentración extrema de riqueza sería simplemente el resultado inevitable de la naturaleza humana.

No lo es.

La desigualdad puede existir en cualquier sociedad, pero la magnitud, las reglas y los límites de esa desigualdad son construcciones humanas.

Los impuestos son una construcción humana.
La propiedad privada es una construcción jurídica.
Las sociedades anónimas son construcciones jurídicas.
Las herencias son reguladas por la ley.
Los mercados funcionan dentro de marcos legales.
Los monopolios son definidos y limitados por normas.
Los contratos son protegidos por tribunales.
Las fortunas pueden transmitirse porque existe un orden jurídico que reconoce y protege determinados derechos patrimoniales.

Por eso resulta contradictorio afirmar que la distribución actual de la riqueza es simplemente "natural" mientras se ignora la enorme arquitectura legal, política e institucional que permite producirla, conservarla y transmitirla.

La riqueza no existe al margen de la sociedad.

Y tampoco existe al margen del Estado de derecho.

Una fortuna de miles de millones de dólares no se conserva únicamente gracias a la inteligencia o al esfuerzo individual de su propietario. Se sostiene sobre carreteras, sistemas financieros, tribunales, educación, infraestructura, moneda, seguridad jurídica, trabajadores, consumidores, contratos y un conjunto de instituciones que ninguna persona podría construir individualmente.

La sociedad crea las condiciones que permiten acumular riqueza.

Por esa misma razón, la sociedad tiene derecho a determinar democráticamente cuáles son los límites razonables de esa acumulación cuando comienza a amenazar el equilibrio del propio sistema que la hizo posible.

La vanidad de un poder que termina creyéndose superior a la ley

Hay también una dimensión humana que la economía por sí sola no puede explicar.

La acumulación ilimitada no responde siempre a necesidades materiales. Llega un momento en que nadie puede consumir razonablemente una fortuna de miles de millones de dólares. Entonces la acumulación empieza a adquirir otro significado: prestigio, reconocimiento, competencia, influencia y poder.

Es aquí donde aparece una vieja debilidad humana: la vanidad.

El problema no está en que una persona aspire a prosperar. El trabajo, la iniciativa, la creatividad y el deseo de mejorar las condiciones de vida son fuerzas legítimas y necesarias para cualquier sociedad.

El peligro aparece cuando el éxito económico produce la convicción de que quien posee más también merece más derechos.

Y entonces ocurre algo todavía más grave: el individuo comienza a creer que las reglas destinadas a los demás no necesariamente se aplican a él.

No es una hipótesis puramente teórica.

La propia cultura popular ha registrado declaraciones de personas adineradas que se jactan de que los ricos no terminan en prisión o de que el dinero permite resolver problemas que para el ciudadano común resultan insuperables.

Esa mentalidad es incompatible con la República.

Porque el principio fundamental del Estado de derecho no es que todos tengan la misma cantidad de dinero.

Es que nadie está por encima de la ley.

Nadie debe apropiarse de la suma del poder público

Las constituciones republicanas nacieron, en buena medida, de una desconfianza fundamental hacia la concentración del poder.

El poder absoluto fue combatido mediante la división de poderes, los controles institucionales, la responsabilidad de los funcionarios y la igualdad jurídica.

La idea era sencilla: ninguna persona, corporación o grupo debía reunir en sus manos una cantidad de poder capaz de convertir la voluntad particular en voluntad pública.

Pero existe una forma contemporánea de concentración del poder que no siempre se presenta con uniforme militar ni con un título nobiliario.

Puede presentarse como una fortuna gigantesca.

Cuando una persona o un grupo económico concentra una cantidad extraordinaria de recursos, puede adquirir una capacidad de influencia política que, aunque no sea formalmente un cargo público, puede producir efectos públicos.

Y ahí aparece una paradoja.

La Constitución puede decir que todos somos iguales ante la ley, mientras la estructura material de la sociedad permite que algunos tengan una capacidad de influir sobre las leyes incomparablemente mayor que otros.

La igualdad jurídica no puede sobrevivir indefinidamente a una desigualdad política extrema.

Los Nobel y la importancia de las instituciones

El trabajo de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, reconocido con el Premio Nobel de Economía de 2024, resulta particularmente relevante para comprender este fenómeno.

Su investigación puso en el centro de la explicación del desarrollo económico la calidad de las instituciones.

Las sociedades prosperan cuando desarrollan instituciones inclusivas, capaces de ampliar las oportunidades y distribuir el poder de manera suficientemente amplia. En cambio, las instituciones extractivas permiten que grupos reducidos utilicen el sistema para apropiarse de recursos y preservar su posición dominante.

La diferencia es fundamental.

Una economía no funciona solamente por sus mercados. Funciona dentro de instituciones.

Y si las instituciones terminan diseñándose para proteger sistemáticamente los intereses de una minoría, la democracia puede conservar sus elecciones, sus parlamentos y sus constituciones mientras pierde progresivamente su capacidad real de representar al conjunto de la ciudadanía.

La captura institucional no necesita abolir formalmente la democracia.

Puede simplemente vaciarla desde adentro.

El impuesto a la riqueza deja de ser una cuestión secundaria

En este contexto, discutir un impuesto a las grandes fortunas exclusivamente como una cuestión de "izquierda" o "derecha" es insuficiente.

La verdadera pregunta es otra:

¿Puede una democracia tolerar indefinidamente una concentración de riqueza que produzca una concentración equivalente de poder?

Si la respuesta es no, entonces la tributación progresiva deja de ser solamente una herramienta para recaudar dinero.

Se convierte en una herramienta de defensa institucional.

Un impuesto razonable, progresivo y diseñado con mecanismos adecuados de control y transparencia puede cumplir varias funciones simultáneas: financiar servicios públicos, reducir desigualdades extremas, impedir acumulaciones excesivas de poder económico y contribuir a evitar que la riqueza se transforme en una estructura permanente de dominación política.

Oxfam ha planteado, por ejemplo, gravámenes sobre las grandes fortunas como una vía para obtener recursos destinados a combatir la pobreza y financiar bienes públicos.

Stiglitz, por su parte, ha defendido durante años una tributación más progresiva y ha sostenido que la desigualdad extrema puede deteriorar el funcionamiento democrático.

La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a cuánto dinero puede recaudar el Estado.

Debería preguntarse también qué clase de sociedad queremos construir.

La República necesita límites

Una sociedad democrática no puede garantizar que todos tengan exactamente la misma riqueza.

Tampoco debería hacerlo.

La igualdad republicana no significa uniformidad económica.

Significa que la riqueza no puede convertirse en una licencia para disponer de derechos adicionales.

Significa que un ciudadano multimillonario y un ciudadano pobre deben poder enfrentarse a la misma justicia.

Significa que una empresa gigantesca y un pequeño comerciante deben estar sometidos a reglas públicas.

Significa que una persona poderosa no puede utilizar su poder para transformar el Estado en un instrumento privado.

Y significa, finalmente, que la propiedad debe convivir con la responsabilidad social que surge de vivir dentro de una comunidad política.

El verdadero peligro no es que existan ricos

El problema de las democracias no es la existencia de personas ricas.

El problema aparece cuando la riqueza alcanza una magnitud capaz de producir una clase de ciudadanos con capacidades políticas materialmente superiores a las del resto.

Cuando unos pocos pueden financiar estructuras de influencia que ningún ciudadano común podría siquiera imaginar.

Cuando pueden acceder a los mejores abogados, asesores y mecanismos de protección.

Cuando pueden intervenir decisivamente en la formación de la opinión pública.

Cuando pueden influir en las reglas que regulan su propia riqueza.

Y, sobre todo, cuando comienzan a creer que su posición económica les concede un derecho especial a decidir sobre los demás.

Ahí la riqueza deja de ser solamente riqueza.

Se convierte en poder.

Y el poder sin límites es precisamente aquello contra lo que nació la tradición republicana.

Una cuestión de supervivencia democrática

Por eso, poner límites a la concentración extrema de riqueza no debería plantearse como una guerra contra quienes han tenido éxito.

Debería plantearse como una defensa de las condiciones que permiten que el éxito individual pueda coexistir con una sociedad libre.

El objetivo no debería ser castigar al que prospera.

Debería ser impedir que la prosperidad de unos pocos termine convirtiéndose en la subordinación política de todos los demás.

La historia de las repúblicas demuestra que la libertad necesita instituciones fuertes, controles, equilibrio y límites al poder.

En el siglo XXI, ese principio debe aplicarse también al poder económico.

Porque una sociedad en la que unos pocos concentran una parte desproporcionada de la riqueza corre el riesgo de producir otra concentración: la concentración de la capacidad de decidir.

Y cuando el dinero comienza a decidir quién puede ser escuchado, quién puede acceder al poder, quién puede influir sobre las leyes y quién puede escapar de sus consecuencias, la igualdad ante la ley se convierte en una ficción.

La pregunta entonces deja de ser cuánto puede enriquecerse un individuo.

La pregunta verdaderamente republicana es:

¿Cuánta riqueza puede concentrarse en unas pocas manos antes de que esas manos puedan comenzar a controlar las instituciones que pertenecen a todos?

La respuesta no puede dejarse exclusivamente en manos del mercado.

Porque el mercado distribuye recursos.

La República debe distribuir poder.

Y si no establece límites cuando la riqueza amenaza con absorber ese poder, corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que había conservado las formas de la democracia mientras perdía su sustancia.