La injusticia justificada
Cuando la innovación tecnológica deja de ser una herramienta de la sociedad y comienza a convertirse en una fuente de poder político concentrado
Hay una idea que se ha instalado con enorme fuerza en nuestro tiempo: si alguien logró hacerse extraordinariamente rico gracias a una innovación tecnológica, entonces esa riqueza sería la consecuencia natural de su talento y, por lo tanto, cualquier intento de limitarla sería casi una forma de atacar el progreso.
Es una idea seductora.
Pero también puede esconder una enorme confusión.
Una cosa es reconocer el talento de quien desarrolla una tecnología, crea una empresa, asume riesgos y consigue que millones de personas utilicen su producto. Otra muy diferente es aceptar que, porque una persona llegó primero, pueda apropiarse indefinidamente de una porción creciente de la renta social y transformar esa riqueza en poder político, capacidad de influencia y control sobre infraestructuras esenciales.
El problema no es que existan empresarios extraordinariamente exitosos. El problema aparece cuando el éxito económico comienza a transformarse en una concentración de poder incompatible con una democracia saludable.
La tecnología no nació de un solo individuo
El relato contemporáneo suele presentar la innovación como una hazaña individual: el emprendedor genial tiene una idea, crea una empresa, conquista el mercado y se convierte en multimillonario.
Pero la historia tecnológica es mucho más compleja.
Detrás de prácticamente cualquier innovación moderna existe una acumulación de conocimientos científicos, universidades, investigadores, infraestructura pública, trabajadores especializados, inversiones anteriores y tecnologías desarrolladas durante décadas.
La economista Mariana Mazzucato ha cuestionado precisamente la idea de que el sector privado sea siempre el principal protagonista de la innovación. Su investigación muestra cómo el Estado ha asumido enormes riesgos en tecnologías que posteriormente fueron comercializadas por empresas privadas.
Esto no significa negar el mérito empresarial.
Significa reconocer que la innovación es acumulativa y social.
Internet no fue inventado por una sola empresa. El GPS tampoco. Los semiconductores, las telecomunicaciones, la computación y buena parte de las tecnologías que hoy sostienen la economía digital tienen detrás décadas de investigación pública y privada.
Por eso la pregunta económica relevante no debería ser solamente:
¿Quién tuvo la idea?
También deberíamos preguntar:
¿Quién construyó las condiciones que hicieron posible esa idea y quién participa después de la riqueza que genera?
Mercado Libre: un ejemplo de una transformación mucho más amplia
Mercado Libre es un ejemplo interesante porque muestra cómo funciona esta nueva economía.
La empresa comenzó como una plataforma de comercio electrónico y fue expandiéndose hacia logística, publicidad, procesamiento de pagos, crédito y servicios financieros. Hoy la propia compañía presenta a Mercado Libre y Mercado Pago como un ecosistema integrado de comercio y servicios financieros. En el segundo trimestre de 2026 declara 131 millones de compradores únicos acumulados en doce meses y 88 millones de usuarios activos mensuales.
No hay nada extraño en esa evolución.
Es lógico que una empresa tecnológica busque nuevos negocios alrededor de la infraestructura que construyó.
Lo interesante es comprender qué sucede económicamente cuando una plataforma comienza a ocupar simultáneamente distintos lugares de la vida económica.
Ya no solamente facilita una compraventa.
Puede conocer qué compramos, cómo pagamos, qué vendedores utilizamos, qué publicidad vemos, qué crédito necesitamos y cómo nos comportamos dentro de su ecosistema.
En 2024, por ejemplo, Mercado Libre informó que sus ingresos de fintech habían alcanzado US$8.618 millones, un 24,8% más que el año anterior.
El dato no demuestra por sí mismo ninguna conducta ilegítima.
Pero sí muestra algo mucho más importante: la plataforma digital dejó de ser simplemente una aplicación para vender productos y pasó a convertirse en una infraestructura económica.
Y allí comienza el verdadero debate.
El poder de una plataforma no funciona como el de una empresa tradicional
Una fábrica necesita materias primas, trabajadores, máquinas y energía para producir cada unidad adicional.
Una plataforma digital funciona de otra manera.
Una vez construida la infraestructura, incorporar millones de usuarios adicionales puede tener costos relativamente bajos, mientras que cada nuevo usuario aumenta el valor de la propia plataforma.
La OCDE ha advertido precisamente sobre este fenómeno: los mercados digitales presentan fuertes efectos de red, economías de escala y ventajas derivadas de los datos. Cuando una plataforma alcanza una masa crítica, puede producirse un proceso de concentración en el que resulta cada vez más difícil para un competidor desplazarla.
Es una dinámica muy diferente a la competencia tradicional.
Cuantos más usuarios tiene la plataforma, más atractiva resulta.
Cuanto más atractiva resulta, más usuarios incorpora.
Cuantos más usuarios incorpora, más datos obtiene.
Cuantos más datos obtiene, mejores servicios puede desarrollar.
Y cuanto mejores son sus servicios, más difícil resulta abandonarla.
El éxito comienza entonces a producir más éxito.
No necesariamente porque el competidor sea incapaz de innovar, sino porque está intentando competir contra una infraestructura que ya concentra usuarios, datos, capital y conocimiento.
El problema económico de la concentración
Aquí aparece una vieja preocupación de la economía política.
Thomas Piketty mostró cómo la concentración patrimonial volvió a crecer en las últimas décadas después de haber disminuido durante buena parte del siglo XX. Su explicación pone el foco en la relación entre el rendimiento del capital, el crecimiento económico, la fiscalidad, la herencia y otros mecanismos de acumulación.
Joseph Stiglitz, por su parte, ha señalado otro mecanismo: una parte importante de la desigualdad contemporánea puede estar vinculada a las rentas económicas, es decir, ingresos derivados no necesariamente de producir más, sino de controlar recursos, posiciones de mercado o poder de monopolio.
Esta distinción es fundamental.
Porque no toda riqueza es igual.
Existe riqueza generada por producir algo nuevo, asumir riesgos, organizar trabajadores, invertir y satisfacer necesidades.
Pero también existe riqueza derivada de ocupar una posición privilegiada dentro de un mercado y cobrar una renta por controlar el acceso a ese mercado.
La primera puede premiar la innovación. La segunda puede terminar premiando la posición dominante.
Y ambas pueden terminar pareciendo exactamente lo mismo si solamente miramos cuánto dinero acumula una persona.
Del capitalismo industrial al capitalismo de plataformas
Karl Polanyi planteó hace décadas una cuestión que conserva una enorme actualidad: una sociedad no puede organizarse completamente alrededor de las necesidades del mercado sin que el propio tejido social termine sufriendo las consecuencias.
Para Polanyi, el problema aparece cuando la economía deja de estar integrada dentro de las relaciones sociales y ocurre lo contrario: las relaciones sociales comienzan a quedar subordinadas a la lógica económica.
Eso es lo que podemos estar viendo hoy bajo una nueva forma.
Antes necesitábamos bancos para acceder al dinero, supermercados para comprar, medios de comunicación para informarnos y empresas de telecomunicaciones para comunicarnos.
Ahora determinadas plataformas pueden comenzar a ocupar simultáneamente varios de esos espacios.
No solamente venden.
También financian.
No solamente comunican.
También recopilan información.
No solamente publicitan.
También conocen nuestros hábitos.
No solamente ofrecen entretenimiento.
También pueden determinar qué contenido aparece primero ante nuestros ojos.
La infraestructura digital empieza así a adquirir una dimensión política.
De la riqueza al poder
Aquí aparece la cuestión republicana.
La democracia moderna nació, entre otras cosas, para evitar que el poder quedara concentrado en pocas manos.
Primero hubo que limitar el poder absoluto del monarca.
Después hubo que limitar el poder económico de las oligarquías.
Hoy aparece un desafío diferente:
¿cómo impedir que el poder económico nacido de la tecnología termine transformándose en poder político?
Una persona que posee una enorme fortuna tiene capacidad de contratar asesores, financiar organizaciones, comprar medios, invertir en campañas, financiar investigaciones, desarrollar redes de influencia y participar del debate público con una capacidad que no tiene un ciudadano común.
La desigualdad económica puede convertirse así en desigualdad política.
Y cuando la desigualdad política retroalimenta la desigualdad económica, aparece un círculo difícil de romper.
No es necesario imaginar una conspiración.
Es suficiente observar cómo funcionan los incentivos.
La advertencia de Stiglitz
Stiglitz ha insistido en que el poder económico y el poder político pueden reforzarse mutuamente.
Cuando una empresa adquiere una posición dominante puede obtener rentas extraordinarias. Esas rentas generan más recursos. Esos recursos pueden aumentar la capacidad de influencia. Y esa influencia puede contribuir a preservar las reglas que favorecen la posición dominante.
El peligro no es únicamente económico.
Es institucional.
Porque una democracia puede conservar elecciones libres y, sin embargo, volverse progresivamente desigual en su capacidad real de participación.
Un ciudadano puede tener un voto; un multimillonario puede tener una infraestructura de influencia.
La diferencia no está en la cantidad de votos.
Está en todo lo que ocurre alrededor del voto.
Las redes sociales cambiaron el problema
Facebook, Instagram, TikTok y otras plataformas también comenzaron ofreciendo servicios que respondían a necesidades humanas reales.
Compartir fotografías.
Hablar con amigos.
Mostrar una vida cotidiana.
Mirar videos.
Encontrar información.
Todo eso forma parte del desarrollo tecnológico normal de una sociedad.
El problema aparece cuando una plataforma descubre que puede convertir la atención humana en un activo económico.
Aquí resulta particularmente útil el trabajo de Shoshana Zuboff sobre el denominado capitalismo de vigilancia: un modelo en el que los datos derivados del comportamiento humano se convierten en materia prima para producir predicciones y obtener beneficios.
La persona cree estar utilizando gratuitamente una plataforma.
Pero su comportamiento también produce valor.
Sus clics.
Sus búsquedas.
Sus desplazamientos.
Sus preferencias.
Sus relaciones.
Sus tiempos de permanencia.
Sus reacciones.
La economía digital descubrió algo extraordinario:
el consumidor también puede convertirse en productor de información económica.
Y ahora llega la inteligencia artificial
La inteligencia artificial lleva esta cuestión a una escala todavía mayor.
Los datos disponibles muestran una concentración extraordinaria de recursos.
En 2025 la inversión privada estadounidense en inteligencia artificial alcanzó unos US$285.900 millones, más de 23 veces la cifra de China, según el AI Index 2026 de Stanford. Al mismo tiempo, más del 90% de los modelos de IA considerados destacados en 2025 fueron desarrollados por la industria.
Eso significa que una tecnología que puede aumentar enormemente la productividad humana está siendo desarrollada, en buena medida, dentro de estructuras empresariales extremadamente concentradas.
Y aquí aparece una pregunta que no puede ser respondida solamente con entusiasmo tecnológico:
¿Quién se queda con el aumento de productividad producido por la inteligencia artificial?
Si una empresa incorpora IA y consigue producir lo mismo con la mitad de trabajadores, ¿todo el beneficio de esa mayor productividad debe convertirse en beneficio empresarial?
¿O una parte debería convertirse también en mejores salarios, reducción de la jornada laboral, capacitación, nuevos empleos, servicios públicos y mayor bienestar social?
La pregunta no es antitecnológica.
Es exactamente lo contrario.
Es preguntarse para qué queremos la tecnología.
Schumpeter tenía razón, pero no alcanza
Joseph Schumpeter entendió que el capitalismo es un sistema de transformación permanente.
La innovación destruye viejas estructuras y crea otras nuevas.
Es la famosa idea de la destrucción creativa.
El problema es que la destrucción creativa puede tener dos desenlaces muy diferentes.
Puede destruir una empresa dominante y abrir espacio para nuevas empresas.
O puede crear una nueva empresa dominante que termine cerrando el mercado sobre sí misma.
Por eso la innovación necesita competencia.
Y la competencia necesita reglas.
Sin reglas, la destrucción creativa puede terminar convirtiéndose simplemente en concentración creativa.
El error de confundir innovación con privilegio
Este es quizás el punto central.
Que una persona haya sido la primera en desarrollar una determinada plataforma no significa que tenga derecho natural a apropiarse de una parte cada vez mayor de la riqueza generada por millones de personas durante décadas.
La innovación merece recompensa.
Pero la recompensa no tiene por qué ser ilimitada.
La sociedad puede decir:
"Usted innovó, asumió riesgos, creó una empresa y merece obtener una enorme rentabilidad."
Y simultáneamente decir:
"Pero a partir de determinado nivel de concentración económica existen responsabilidades adicionales porque su empresa afecta al conjunto de la sociedad."
Eso no es comunismo.
Es republicanismo económico.
La riqueza también necesita límites democráticos
Mariana Mazzucato propone justamente pensar el problema desde otra perspectiva: el Estado no debería limitarse a corregir fallas del mercado después de que ocurren, sino participar en la orientación de la innovación y discutir cómo se distribuyen sus riesgos y sus beneficios.
Esto cambia completamente la discusión.
Porque si el Estado financia investigación, educación, infraestructura, ciencia básica y condiciones económicas para que una innovación sea posible, no resulta absurdo que la sociedad reclame también una participación en los beneficios derivados de esa innovación.
No significa que el Estado tenga que ser dueño de todo.
Significa que el riesgo social debería producir también beneficios sociales.
La justicia no consiste en que todos tengan lo mismo
Amartya Sen aportó otra idea fundamental: el desarrollo no puede medirse solamente por la cantidad de riqueza acumulada, sino por las capacidades reales que tienen las personas para desarrollar sus vidas.
Una sociedad puede aumentar su PIB y, al mismo tiempo, empeorar las posibilidades concretas de una parte importante de su población.
Puede tener empresas cada vez más valiosas mientras las personas trabajan más horas.
Puede tener tecnologías extraordinarias mientras aumenta la inseguridad económica.
Puede tener inteligencia artificial capaz de resolver problemas complejos mientras millones de personas no pueden acceder adecuadamente a educación, vivienda, salud o tiempo libre.
Por eso la pregunta correcta no es solamente:
¿Cuánto creció la economía?
Sino:
¿Qué posibilidades nuevas de vivir dignamente adquirieron las personas?
El tecno-feudalismo
Quizás por eso algunos autores contemporáneos utilizan expresiones como "tecno-feudalismo".
La comparación no debe tomarse literalmente.
No vivimos en la Edad Media.
Pero la metáfora sirve para pensar una característica preocupante: la aparición de grandes propietarios de infraestructuras digitales de las cuales millones de personas dependen.
El señor feudal controlaba la tierra.
El empresario industrial controlaba la fábrica.
El capitalismo financiero controla enormes masas de capital.
El nuevo poder tecnológico puede controlar plataformas, datos, algoritmos, infraestructura digital, nubes, sistemas de pago y redes de usuarios.
La diferencia es que esta nueva propiedad puede ser mucho más invisible.
No vemos la infraestructura.
Vemos una aplicación en la pantalla.
El desafío argentino y latinoamericano
Para países como Argentina, la cuestión es todavía más importante.
No podemos limitarnos a consumir las tecnologías creadas en otros lugares.
Tampoco debemos caer en la ilusión de que cualquier empresa nacional que crezca mucho representa automáticamente soberanía nacional.
Una empresa puede haber nacido en Argentina y operar internacionalmente.
Puede generar empleo, innovación y servicios valiosos.
Pero la soberanía tecnológica de un país no puede depender exclusivamente de quién sea el accionista de una determinada empresa.
Necesitamos universidades fuertes.
Investigación científica.
Infraestructura digital pública.
Datos protegidos.
Competencia.
Sistemas de pagos interoperables.
Software abierto.
Capacidad nacional de procesamiento.
Formación tecnológica.
Políticas de competencia.
Y, fundamentalmente, instituciones capaces de establecer límites cuando una concentración privada comienza a transformarse en poder político.
La injusticia se vuelve invisible cuando se presenta como mérito
Aquí llegamos al verdadero sentido del título.
La injusticia justificada aparece cuando una desigualdad económica deja de ser discutida porque se la presenta como el resultado inevitable del mérito.
"Se hizo rico porque fue inteligente."
"Construyó una empresa desde cero."
"El mercado lo eligió."
"Si otros hubieran tenido una mejor idea, habrían hecho lo mismo."
Puede haber algo de verdad en cada una de esas afirmaciones.
Pero ninguna responde la pregunta fundamental:
¿Hasta dónde tiene derecho una persona a acumular poder sobre recursos cuya creación depende también de una sociedad entera?
Porque la sociedad no es solamente el consumidor que compra el producto.
También es el sistema educativo que formó al programador.
La universidad que desarrolló conocimiento.
El Estado que construyó infraestructura.
El trabajador que sostuvo la empresa.
El usuario que generó datos.
El comerciante que utilizó la plataforma.
El ciudadano que financió, mediante impuestos, las condiciones generales que hicieron posible esa economía.
La innovación puede tener un creador.
La riqueza que surge de un ecosistema tecnológico tiene muchos más autores.
La cuestión no es destruir a los ricos
Esta discusión suele terminar rápidamente en una caricatura.
No se trata de perseguir empresarios.
No se trata de prohibir la riqueza.
No se trata de impedir que alguien gane millones.
Tampoco se trata de que el Estado administre cada aplicación, cada empresa o cada innovación.
La cuestión es mucho más sencilla:
que nadie pueda convertir su éxito económico en una licencia para escapar de las reglas democráticas.
Una sociedad democrática necesita mercados.
Pero también necesita competencia.
Necesita empresarios.
Pero también trabajadores.
Necesita innovación.
Pero también distribución.
Necesita capital privado.
Pero también bienes públicos.
Necesita tecnología.
Pero también derechos.
Y necesita crecimiento.
Pero sobre todo necesita desarrollo humano.
El verdadero límite
La historia económica demuestra que los mercados no funcionan en el vacío.
Necesitan leyes, tribunales, moneda, infraestructura, educación, seguridad, derechos de propiedad y reglas de competencia.
Por eso tampoco existe un "mercado puro" separado de la sociedad.
Toda economía está organizada mediante decisiones políticas.
La pregunta no es si habrá intervención.
La pregunta es:
¿Quién interviene, para beneficiar a quién y con qué límites?
Si dejamos que unas pocas corporaciones concentren simultáneamente capital, datos, infraestructura y capacidad de influencia, estaremos construyendo una sociedad donde la ciudadanía conserva formalmente sus derechos políticos mientras pierde progresivamente capacidad económica para ejercerlos.
Y entonces el problema ya no será solamente la desigualdad.
Será la calidad misma de la democracia.
El futuro no debería pertenecer a quien llegue primero
La humanidad siempre avanzó gracias a quienes se atrevieron a hacer algo nuevo.
Debemos agradecerlo.
Pero ninguna generación debería aceptar que una innovación tecnológica se convierta automáticamente en un derecho hereditario sobre una porción creciente de la sociedad.
La tecnología pertenece a la historia de la humanidad.
Las empresas que la desarrollan merecen reconocimiento y beneficios.
Los emprendedores merecen enriquecerse.
Pero la sociedad también tiene derecho a participar de la riqueza que produce el conocimiento acumulado durante generaciones.
Y allí aparece una tarea esencial de la democracia del siglo XXI:
poner límites a la concentración económica sin matar la innovación;
garantizar competencia sin destruir el emprendimiento;
proteger la propiedad sin permitir que se convierta en dominación;
estimular la inteligencia artificial sin entregar el futuro a quienes controlen sus infraestructuras;
y conseguir que el aumento de productividad producido por la tecnología se transforme finalmente en algo mucho más importante que una cotización bursátil:
más tiempo, más libertad, más seguridad, más educación, más salud, más oportunidades y una vida digna para la mayoría.
Porque quizás la pregunta más importante de nuestra época no sea quién será el próximo multimillonario tecnológico.
La pregunta es:
¿qué parte de la riqueza que producirá la tecnología quedará en manos de unos pocos y qué parte volverá a la sociedad que hizo posible esa tecnología?
Ahí empieza la discusión sobre la verdadera justicia económica.
Y también sobre la verdadera democracia.
Comentarios
Publicar un comentario